El Nuevo Dia

La Junta de Planificación necesita responder al momento crítico

Marcia Rivera Con acento propio

La Junta de Planificación de Puerto Rico fue creada en 1942 para organizar el proceso de planificación en nuestro país. Fue un proyecto fundamental del gobernador Rexford G. Tugwell para pensar e impulsar el desarrollo económico de acuerdo con las necesidades y los recursos de Puerto Rico. Tugwell creía firmemente en la necesidad de que Puerto Rico planificara su desarrollo para lograr una solidez que le permitiera relacionarse con Estados Unidos de una manera que no fuera la subordinación colonial. Concibió la Junta con “poder directivo y mente colectiva”, con poderes para investigar y coordinar la gestión gubernamental asegurando el bien público. Buscó que se trabajara con principios de gerencia científica, excelencia académica, eficiencia técnica y dedicación al servicio público, indistintamente de las preferencias de status de sus directivos y funcionariado.

Tras la salida de Tugwell de la gobernación, comenzó a darse un cambio en la visión de desarrollo. El pragmatismo, cada vez mayor, fue la ideología asumida. La Junta siguió llevando sus funciones en términos adecuados, pero sin el empeño y rigurosidad de su fundador.

Ese proceso siguió hasta los noventa, cuando se confirmó la erosión del sistema de planificación. Dos razones parecen fundamentales para que ello haya ocurrido. Primero, la instalación del neoliberalismo en la gestión pública. El gobierno comenzó a centrar su empeño en que el sector privado sea quien defina el crecimiento económico, aunque sus resultados fueran un crecimiento desarticulado, desigual y hasta nocivo en algunos renglones. La privatización y la terciarización pasaron a ser los pilares neoliberales, recortando derechos laborales y generando pobreza y desigualdades diversas. El bienestar general de la población se vio severamente afectado y la Junta de Planificación no buscó revertir el proceso, que hoy es grave.

En segundo lugar, el bipartidismo que se inició a fines de los sesenta minó la visión, las funciones y la operación de la Junta de Planificación. Desde entonces, se fue construyendo una interpretación del poder sustentada en la idea de que quien gana una elección puede arrasar con la institucionalidad que encontró. Se ha instalado un proceso continuo de hacer y deshacer institucional, con fusión de agencias, eliminación de unas y creación de otras. Todo ello, sin planificar, sin adherir a principios de mérito en la administración pública y abusando del instrumento de creación de corporaciones públicas y de contratación por servicios, para pasar por alto las remuneraciones del sistema de las agencias gubernamentales.

En las pasadas dos décadas, pocas veces vimos a la Junta de Planificación ejercer su autonomía intelectual para analizar y proponer una ruta al desarrollo integral o alternativas a las medidas generalmente improvisadas del Ejecutivo y del Legislativo, donde han primado el pragmatismo y la visión neoliberal. Hoy, la situación ha llegado a ser crítica: se han concedido permisos a proyectos que violentan leyes vigentes; se busca utilizar el Reglamento Conjunto 2022 para burlar disposiciones del Plan de Uso de Terrenos que está vigente; y hay ausencia de una mirada coherente para reconstruir las bases de equidad y justicia en el uso del territorio.

La Junta está por aprobar el Reglamento Conjunto 2022 para la evaluación y expedición de permisos relacionados al desarrollo, uso de terrenos y operación de negocios. Múltiples voces calificadas han identificado deficiencias muy serias en ese documento, que lejos de agilizar el proceso de permisos, abre espacios que vulneran el bien común en beneficio del lucro de negocios. Si el mismo se aprueba, los permisos podrán contravenir el Plan de uso de terrenos, cambiar áreas residenciales, derogar distritos dotacionales, que son áreas designadas para ser utilizadas de manera exclusiva para un propósito específico, como lo podría ser la cultura, el arte, la educación, la salud, la recreación o el desarrollo comunitario. También se podrán autorizar proyectos potencialmente adversos en zonas agrícolas y preocupa que numerosos incisos del Reglamento chocan con la Ley de Mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático de Puerto Rico, como también la Ley de Municipios Autónomos y la propia Ley Orgánica de la Junta de Planificación, de 1975. Agilizar los permisos es ciertamente importante, pero el estancamiento económico de Puerto Rico no se explica solo por los permisos, como se nos quiere hacer creer.

El Departamento de Energía de Estados Unidos acaba de hacer un llamado a que la Junta de Planificación se centre en asuntos clave para el futuro de Puerto Rico y planifique para cumplir con la Ley de política pública sobre diversificación energética por medio de energías renovables sostenibles y alternativas en Puerto Rico. Ha insistido en que Puerto Rico tiene un potencial de la energía renovable que supera ampliamente las proyecciones de demanda de ahora a 2050.

La Junta de Planificación está interpelada desde muchos lugares. Es hora de que tengamos un organismo confiable, transparente, que responda a las necesidades reales de Puerto Rico y no a intereses particulares. Precisamos construir equilibrios indispensables para vivir en paz; es parte de la misión de la Junta promoverlos.

Hasta el 21 de febrero podrán hacerse evaluaciones y comentarios al propuesto Reglamento Conjunto 2022. Es importante hacerlo. Solo la participación ciudadana activa nos llevará a que la Junta escuche, estudie, investigue y oriente a la sociedad y al Ejecutivo; no puede seguir siendo su sello de goma.

“Es hora de que tengamos un organismo confiable, transparente, que responda a las necesidades reales de Puerto Rico y no a intereses particulares. Precisamos construir equilibrios indispensables para vivir en paz; es parte de la misión de la Junta promoverlos”

OPINIÓN

es-pr

2023-01-28T08:00:00.0000000Z

2023-01-28T08:00:00.0000000Z

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