En la mirilla por cambiar precios de medicamentos

Empresa Abarca Health, un administrador de beneficios de farmacias, enfrenta denuncia por alegadas prácticas engañosas e injustas al enmendar contrato

Tras años de denuncias por la falta de regulación sobre los administradores de beneficios de farmacias ( PBM, en inglés), el Departamento de Justicia anunció ayer que presentó una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) contra la compañía Abarca Health LLC por “prácticas engañosas e injustas”.

La querella, sometida el pasado 16 de diciembre, se tramitó a través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) y se basa en el Artículo 3 de la Ley de Monopolios y Restricción del Comercio.

Según explicó ayer el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, la OAM identificó irregularidades en la práctica de Abarca Health de imponer las tarifas que pagaría a las farmacias por medicamentos.

“Este PBM (Abarca Health) se valió de métodos injustos de competencia y actuaciones engañosas para cambiar las tarifas de los medicamentos y lograr la recontratación de su red de farmacias”, dijo el titular.

La querella destaca que, en el 2018, Abarca Health fue seleccionado como el PBM exclusivo de Triple-S Medicare Advantage y sus líneas comerciales de negocios, que para ese momento representaban más de 800,000 personas. Según se informó, ese PBM le hizo una enmienda a sus contratos de proveedores de farmacia, efectiva al 1 de enero de 2019, que incluía cambios en las tarifas contratadas.

De acuerdo con Emanuelli Hernández, para justificar la enmienda, Abarca Health informó a las farmacias participantes que había realizado un análisis de mercado exhaustivo durante seis meses, el cual los condujo a imponer nuevas tarifas. Sin embargo, el funcionario manifestó que la OAM identificó que Abarca Health no realizó tal análisis.

Una petición de entrevista de El Nuevo Día a Abarca Health no fue contestada. Mientras, Triple-S informó que no emitiría comentarios sobre la querella.

“Esta es una práctica inaceptable que afecta la justa competencia en el ámbito de la salud y no la vamos a permitir”, resaltó el secretario.

En la querella presentada ante DACO, Justicia solicita la imposición de multas de $5,000 por cada farmacia a la que el PBM presuntamente le hizo una falsa representación. También, solicita que le ordenen a Abarca Health el cese y desista de esta conducta.

Linda Ayala, directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad, aplaudió la acción de Justicia de presentar esta querella. Manifestó que la falta de regulación de los PBM fomenta que sus prácticas sean un misterio y no tengan que justificar cuando hacen cambios en los contratos con las farmacias.

“Las prácticas de los PBM no son todas transparentes. Entonces, no tienen la obligación de enseñarle nada a nadie”, lamentó Ayala. Según explicó, las aseguradoras contratan a los PBM para la facturación de la cubierta de farmacia y los PBM, a su vez, contratan a las farmacias para ofrecer el servicio de farmacia.

“Nos sentimos engañados, frustrados... Llevamos décadas en que no se nos toma en consideración. El paciente es el que (más) se afecta, al final del camino”, señaló.

Esta es la segunda acción que anuncia Justicia en contra de empresas relacionadas a servicios de salud por prácticas engañosas. La semana pasada, radicó una demanda contra tres fabricantes de insulina y tres PBM por prácticas comerciales engañosas que han encarecido durante años el precio de la insulina.

El año pasado el Tribunal de Apelaciones federal avaló la paralización de la Ley 82, del 2019, que regularía a los PBM. En diciembre de 2020, la jueza Laura Taylor Swain había prohibido que el gobierno de Puerto Rico pusiera en vigor este estatuto, así como otras cuatro leyes objetadas por la Junta de Supervisión Fiscal.